Los expertos en finanzas personales recomiendan que el gasto total en vivienda no sea superior a un tercio de los ingresos netos percibidos por el hogar. De otro modo, la carga sería lo suficientemente grande como para amenazar llevar un estilo de vida adecuado que sufrague el resto de gastos familiares.
Realmente hay un problema latente que viene por la falta de conocimiento financiero en la sociedad en general, por lo que muchas personas incurren en esta falta y se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Por lo que apostar por una educación financiera básica desde el sistema educativo es esencial para garantizar que se tomen decisiones acertadas en el futuro y eso redunde en mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. De este modo, las instituciones podrán dejar, en parte, de ser responsables de individuos que por desconocimiento tomaron decisiones desacertadas.
Pero la responsabilidad no solo radica en el individuo, sino también en aquellos que toman decisiones que afectan a los mercados. Solo hay que echar la vista atrás para ver cómo desde que iniciamos el nuevo milenio, los salarios se han estancado debido a las diversas crisis que hemos atravesado, a un ajuste del mercado y a decisiones políticas sobre los mercados de trabajo. Pero el hecho de que los salarios se estanquen no debería ser un problema a menos que el coste de las viviendas siga creciendo, como ha estado pasando.
La burbuja inmobiliaria del año 2007 y la posterior crisis ha dejado a muchos hogares con una carga elevada en concepto de vivienda. Además, sí se produjo una reducción de los precios de venta hasta 2015, desde cuando están creciendo los precios de venta hasta día de hoy. Con respecto al mercado del alquiler, las subidas han sido mucho más pronunciadas desde 2015, donde se ha visto en general unas subidas superiores al 50%. Estos factores también generan dificultades a las familias y una sobrecarga en este concepto.
Como se puede observar, son varios factores que van de la mano, desde la falta de educación financiera que provoca una toma de decisiones errónea, hasta los vaivenes económicos que recortan salarios y los precios de la vivienda tanto para la venta como en el mercado del alquiler. Es un reto político que debe consumarse para favorecer el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos.